La oposición busca interpelar a “Toto” Caputo por el desvío de fondos para las rutas
El ministro acumula pedidos para presentarse en Diputados. Ya hay una denuncia penal por la posible malversación de más de un billón de pesos y crece el reclamo por las obras viales paralizadas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, suma pedidos de interpelación en la Cámara de Diputados para que explique el destino del dinero que el Estado Nacional recauda del impuesto al combustible que se destina al Sistema Vial Integrado (Sisvial), especialmente luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que la mayoría de esos fondos se destinan a sostener el equilibrio fiscal y no a su asignación específica, que es el mantenimiento de las rutas nacionales.
“No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, sostuvo la diputada Marina Salzmann en su iniciativa para interpelar al ministro y que rubricó un numeroso grupo de sus compañeros de bancada de Unión por la Patria.
El proyecto reclama la presencia de Luis Caputo en la Cámara baja y propone que concurra acompañado por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para “complementar con precisión técnica las respuestas”. Al tiempo que solicita “el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país”.
Un texto que fue acompañado por el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, al que se sumaron Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, entre otros legisladores.
Antes de que el propio Gobierno admitiera un destino distinto de esos fondos, Salzmann había presentado un pedido de informes sobre la situación de la Autopista Presidente Perón, que, unida a la autopista Camino del Buen Aire, conforma un tercer cordón vial que une el norte y el sur del conurbano, conecta 12 municipios y beneficiará a 12 millones de personas.
Según la legisladora bonaerense, los fondos retenidos permitirían intervenir más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales y deberían destinarse a finalizar obras paralizadas en todo el país.
En paralelo, el diputado mendocino de UxP Emir Felix presentó otro proyecto que propone suspender de manera transitoria la porción de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono destinada al financiamiento del Sisvial hasta usar todos los fondos viales acumulados por el Gobierno. Aunque la iniciativa no afectará la recaudación del mismo impuesto vinculada al sistema previsional, el Fondo Nacional de la Vivienda, el transporte automotor y ferroviario, ni a las provincias.
Además, ordena determinar dentro de los diez días hábiles de su eventual entrada en vigencia el llamado “Saldo Vial Acumulado”, integrado por disponibilidades bancarias, inversiones financieras, créditos y otros activos vinculados al sistema vial provenientes de recursos ya recaudados. Una medida que solo cesará cuando la Auditoría General de la Nación certifique que el saldo acumulado y sus rendimientos fueron efectivamente aplicados a obras, bienes y servicios vinculados al sistema vial. “El Estado no puede continuar exigiendo a los contribuyentes nuevos recursos con una afectación determinada por ley mientras retiene o subejecuta una masa extraordinaria de fondos previamente recaudados para ese mismo objeto”, sostiene Felix en sus fundamentos.
Los “baches” (económicos) que tapa Caputo
Los reclamos al ministro de Economía también se extienden a otros bloques. La titular de la bancada de diputados de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, cuestionó el destino de los fondos y reclamó información precisa sobre recursos que, por ley, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales. El pedido de informes se produjo luego de que el propio Gobierno reconociera que parte de esos fondos fue utilizada para contribuir al equilibrio fiscal. “La iniciativa se presenta en medio del creciente reclamo por el deterioro de la infraestructura vial y la situación de corredores estratégicos para el interior productivo”, señaló la diputada santafesina.
Santa Fe fue la primera provincia donde el gobernador Maximiliano Pullaro aceptó el traspaso de la ruta nacional A012, cuya traza, mantenimiento y obras ahora administrará con fondos propios. Mientras que una senadora provincial, Leticia Di Gregorio —que responde a Pullaro—, obtuvo un fallo favorable de la justicia federal de la provincia: el juez Aurelio Cuello Murúa responsabilizó al Estado por una “omisión comunitaria” en el mantenimiento de las trazas 7, 8 y 33, rechazando las justificaciones presupuestarias de Vialidad Nacional.
La exdiputada libertaria Lourdes Arrieta, ahora en el bloque Provincias Unidas, se sumó al reclamo de pedido de explicaciones a Caputo. “Los mendocinos tienen el derecho a saber qué ocurrió con los recursos del Sisvial: cuánto se asignó, cuánto se ejecutó efectivamente, qué obras se realizaron, cuáles permanecen demoradas o paralizadas y qué planificación existe para nuestros corredores. Porque mientras existen recursos nacionales destinados al sistema vial, Mendoza también ha destinado recursos propios para intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional. Y eso merece una explicación”.
Rendir cuentas en tribunales
La diputada de UxP Victoria Tolosa Paz decidió llevar el reclamo a los tribunales con una denuncia penal contra el ministro Caputo y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, a quienes acusa de haber utilizado fondos del Sisvial para inversiones financieras en lugar de destinarlos a la conservación y mejora de las rutas nacionales. Según la presentación judicial, la suma bajo investigación asciende a 1,038 billones de pesos.
La denuncia incluye los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. “Cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono vial, como por ejemplo el de las rutas nacionales 3 y 5. No falta plata, falta decisión política. Por eso presentamos un amparo colectivo”, afirmó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires como parte de su denuncia.
