Juan Orlando Hernández llegó a Honduras el domingo después de cinco años fuera del país. El expresidente, que pasaba una condena de 45 años en una cárcel federal estadounidense por narcotráfico, fue liberado en diciembre pasado tras recibir un indulto de Donald Trump.
Su regreso marca un giro inesperado en la historia política de Honduras. Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022, poco después de dejar la presidencia. Ahora regresa mientras Nasry Asfura, su sucesor político del Partido Nacional, gobierna el país desde enero.
Hernández llegó en vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, en las afueras de Tegucigalpa. Lo recibieron familiares y cientos de simpatizantes que lo aclamaron. En un discurso improvisado, citó las palabras de Trump: «El presidente más bien informado del mundo revisó mi caso en detalle y reconoció que se cometió una injusticia. Es una cacería de brujas, el uso del sistema de justicia como arma política».
Hernández ha insistido desde el juicio en que fue víctima de una persecución política orquestada por sus opositores de izquierda. Describió como «calumnias» las acusaciones en su contra.
La condena en Estados Unidos
En Nueva York, los fiscales probaron que Hernández facilitó el paso de cientos de toneladas de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Lo hizo en alianza con capos del narcotráfico, incluido Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El tribunal determinó que Hernández se benefició personalmente de estas operaciones. Él lo negó siempre.
Su administración, entre 2014 y 2022, coincidió con el pico de violencia en Honduras. El país alcanzó tasas de homicidio que lo posicionaron como uno de los más mortíferos del mundo.
Trump concedió el indulto apenas días antes de las elecciones hondureñas de noviembre de 2025. En el mismo momento, amenazó con retener ayuda si Asfura no ganaba. Asfura resultó elegido y asumió en enero.
Sin embargo, Hernández no llega a un país donde pueda descansar. Debe presentarse ante un tribunal el 3 de agosto para enfrentar cargos por fraude y lavado de dinero. Las autoridades hondureñas lo acusan de desviar 2 millones de dólares de fondos públicos para su primera campaña presidencial.
Además, una investigación reciente llamada «Hondurasgate» basada en audios de mensajería cifrada lo menciona como operador en una presunta operación transnacional. La BBC no ha podido verificar de forma independiente esos audios.
El regreso provocó rechazo entre organizaciones de derechos humanos. «Es un mensaje de que en Honduras no hay rendición de cuentas», dijo Joaquín Mejía, analista legal.
Durante la presidencia de Hernández, grupos de derechos humanos documentaron miles de muertes, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos. En 2017, cuando se reeligió en medio de acusaciones de fraude electoral, ordenó una represión que dejó alrededor de treinta personas muertas.
Ahora regresa a un sistema judicial débil donde, según críticos, la política influye en las decisiones judicales. Hernández ha dicho que espera que los cargos locales desaparezcan.
Hernández afirmó previamente que regresaba «sin ambiciones electorales», enfocándose en su familia.
Sin embargo, su presencia en Honduras y el apoyo de simpatizantes levanta interrogantes sobre si buscará volver a la política, especialmente con Nasry Asfura su sucesor político ya en la presidencia.
Hernández saluda a sus simpatizantes rodeado de banderas azules del Partido Nacional.Fuente de la imagen,Reuters
Pie de foto,Hernández ha insistido desde el juicio en que fue víctima de una persecución política orquestada por sus opositores de izquierda.
