Es el organismo encargado de la operación de las centrales nucleares, además de la medicina para luchar contra el cáncer y la investigación de minerales como el uranio. La sombra de Estados Unidos detrás del desmantelamiento. La Gendarmería reprimió a los trabajadores que tomaban la sede central en Buenos Aires.
Ayer, mientras en la Casa Rosada Diego Santilli asumía como jefe de Gabinete y Adrián Ravier daba su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, la soberanía energética recibía un nuevo golpe. Con una simple notificación a través del sistema de gestión estatal, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) le avisaron a un centenar de trabajadores que habían sido despedidos. Los gremios estiman que podrían llegar a 170 en total porque ese es el número de empleados que tienen contrato hasta el 30 de junio. No se trata de una decisión aislada, al contrario, es la continuidad del desmantelamiento que sufre ese organismo clave del sector nuclear argentino que, en los tres años que Javier Milei lleva en el gobierno, redujo un 45,4 por ciento su presupuesto, destruyó la inversión en bienes de capital y perdió alrededor de 500 trabajadores, entre despidos y migración hacia el sector privado por los bajos salarios. El titular del organismo, Martin Porro, tuvo que salir de la sede central escoltado por la Gendarmería, que reprimió en los pasillos del edificio a quienes hacían un permanencia pacífica.
En silencio, escudado detrás del ruido que genera la causa por corrupción del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno de La Libertad Avanza dio un paso más en la destrucción del sistema científico argentino y de la soberanía energética. Despidió a decenas de trabajadores de la CNEA, un organismo que no solo investiga y diseña reactores nucleares, sino que también tiene tiene una papel importantísimo para la salud, con investigaciones sobre medicina nuclear: produce los radioisótopos que se usan en mercado nacional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. “Tenemos un reactor de investigación, la mayoría de los proyectos que hacemos dentro del centro técnico Bariloche van destinados a tratamientos oncológicos”, explicó Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche y delegada de ATE, a Página/12.
Las y los trabajadores se enteraron a través de una notificación del sistema GDE en la que decía que el contrato que finalizaba el 30 de junio no sería renovado. Es decir, se enteraron el miércoles 30 de junio que el jueves 1 de julio ya no podrían ingresar a trabajar. Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado, los afectados llegan a 100, pero se estima que el número puede ascender a 170, que es la cantidad de personas que estaban bajo esa modalidad de contratación. Hay profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad.
La represión de la Gendarmería
Durante la tarde, hubo movilizaciones en el Centro Atómico de Bariloche y la Asociación de Trabajadores del Estado hizo una permanencia en la sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con la Gendarmería reprimiendo en los pasillos y haciendo una cadena humana para sacar del lugar al titular de la CNEA, Martín Porro, que se negó a dar explicaciones. Porro asumió en diciembre del año pasado tras la llegada de Federico Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, que a su vez fue uno de los beneficiarios de los jugosos préstamos que el Banco Nación reservó para los funcionarios libertarios. Ramos Nápoli, un abogado de solo 31 años, consiguió un préstamo de 197 millones de pesos.
“En 21 años de trabajo nunca vi algo así, es un desastre. La Gendarmería adentro de la sede central, hubo empujones, compañeros que recibieron golpes y palazos. Un nivel increíble. Había llanto, angustia tristeza. Un desastre”, le contó la delegada Carolina Komar a este diario.
Un ataque al plan nuclear argentino
“El acervo intelectual que tiene la CNEA se va a ver mermado en algo que entendemos que es claramente un plan para desmantelar el plan nuclear argentino, una inversión de 76 años que la Argentina ha realizado para dominar la energía nuclear con fines pacíficos”, le dijo a este diario Ignacio Cortés, delegado de ATE y trabajador de la CNEA.
Desde los gremios sostienen que la razón de este desmantelamiento tiene que ver con entregar el desarrollo nuclear a Estados Unidos y el objetivo es convertir a la CNEA en un centro formador de profesionales, que luego se van a trabajar a empresas privadas ante los bajos salarios. Algo que ya está pasando. En Bariloche, por ejemplo, donde vive gran parte de los trabajadores y trabajadores, un alquiler modesto cuesta un millón o un millón y medio de pesos–debido a que es una zona turística–, mientras que los sueldos de un investigador de CNEA en Bariloche, con 10 años de investigación, no llega a los dos millones de pesos. Hay empresas extranjeras, como Meitner Energy, que pagan salarios que son hasta cuatro veces superiores a los del Estado. “Hacen inversiones propias minúsculas, aprovechan inversiones enormes del Estado. La CNEA debería prestar servicios a esas empresas, no entregar sus trabajadores y su conocimiento”, sostienen los investigadores.
El verdadero plan de Milei
A fines de mayo, cuando se cumplieron 76 años de la CNEA, Ramos Nápoli lanzó un documento relanzando el plan nuclear presentado por Javier Milei en diciembre de 2024. Un plan que el mismo Adorni, cuando se presentó en la Cámara de Diputados, admitió que fue “anunciado pero que aún no entró en vigencia”. Sin embargo, lo que sí entró en vigencia desde que Javier Milei asumió como presidente es el desmantelamiento de la CNEA.
Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciitci), desde que asumió este gobierno, el presupuesto de la CNEA se redujo un 45,4% y se destruyó su inversión en bienes de capital (descendió un 53,4%). Además, la CNEA ya había perdido casi 500 trabajadores. “Es el organismo rector del sector nuclear argentino y la destrucción de sus capacidades entra en relación directa con las capacidades científicas y estratégicas argentinas, en un contexto geopolítico muy acuciante”, le dijo Nicolás Lavagnino, director del Grupo EPC que hizo el informe, a Página/12.
El investigador agregó que esto “no tiene nada que ver con una situación de restricción presupuestaria y va más allá del ajuste económico que plantea el gobierno actual. No se puede entender la situación sin prestar atención al papel que está jugando Argentina en la geopolítica actual y a la lucha global por el poder energético y el relanzamiento del sector nuclear a nivel mundial”.
Efectivamente, si se mira en términos económicos hay dos grandes empresas superavitarias que son controladas por la CNEA. Una es Atucha, que depende de Nucleoeléctrica Argentina, que tuvo números positivos por 90.304 millones de pesos en 2025; y la otra es Dioxitek, que produce pastillas de uranio y generó 19.204 millones, según informó el director de CEPA, Hernán Letcher.
El uranio al servicio de Estados Unidos
Para contextualizar estos despidos hay que tener en cuenta también lo que pasó en mayo de este año, cuando el Gobierno habilitó a que las empresas privadas nacionales e internacionales puedan recorrer las instalaciones de la CNEA para ver qué si hay activos nucleares que les interesen “para posibles iniciativas privadas”. Parece irreal, pero no lo es. Se trata del Procedimiento de Acceso Preliminar, que ofrece en el menú de la CNEA activos tales como el reactor RA-10 –que quedó casi listo desde la gestión anterior–, y el uranio, un recurso estratégico, bajo la jurisdicción de CNEA, que está en Chubut, Mendoza y Salta, entre otros. “Las empresas pueden pasear por la institución y solicitar información, que es confidencial y sensible, y que es fruto del trabajo de más de 70 años, el know how de la institución”, explicó Ayala.
Para Cortés, se trata de un ataque integral contra las distintas esferas de trabajo: “hoy vinieron por el personal, pero también por el ciclo del combustible nuclear, que tiene al mineral como uno de sus aspectos clave”, porque la CNEA abarca todo el ciclo de la minería de uranio, desde la investigación sobre su ubicación hasta la explotación de una mina, entre otras etapas. “Tiene que ver con la privatización de los recursos naturales de Argentina en favor de empresas extranjeras que quieren venir a explotar el uranio. Nosotros no tenemos uranio en cantidad: hay 33.000 toneladas, que no alcanzan para proveer al país en una proyección de desarrollo. Hay que cuidarlo”, dijo el delegado.
Hasta el mismísimo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, blanqueó el interés meses atrás: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”. Ayer, el vocero Raiver habló de la reactivación de la minería de uranio en el país y dijo que “ es una prioridad absoluta para impulsar la cadena de suministro de la industria nuclear argentina e insertar al país en la cadena de suministro global mediante la exportación de este metal”. Un anuncio que se da en el marco de un memorándum de cooperación entre Argentina y Estados Unidos que forma parte de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’.
Un centenar de despidos que van mucho más allá de la motosierra libertaria.
