El juicio oral y público por la causa de las viviendas sociales de ATE llegará hoy a su instancia final, cuando el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia dé a conocer el veredicto contra los tres imputados. La audiencia se reanudará a las 9 de la mañana y, antes de la resolución, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras.

El proceso tiene como eje presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales correspondientes al programa de 128 unidades habitacionales del sector Barrancas del Río Pipo. Los principales acusados son Carlos Córdoba y Miguel Arana, a quienes la Fiscalía atribuyó participación en 22 hechos.

Durante los alegatos realizados el miércoles, el fiscal Daniel Curtale sostuvo durante más de una hora que ambos imputados habrían perjudicado a distintas personas mediante maniobras defraudatorias relacionadas con el acceso a viviendas sociales. Por ese motivo, solicitó para Córdoba y Arana una pena de 4 años de prisión por el delito de estafas.

Distinta fue la posición del Ministerio Público Fiscal respecto de Eric Moscoso Panozo, quien llegó a juicio acusado por presuntas maniobras de lavado de activos. En su caso, Curtale pidió la absolución por el beneficio de la duda, al considerar que no se reunieron los elementos necesarios para sostener una condena.

Las defensas, en tanto, rechazaron las acusaciones y reclamaron la absolución de sus asistidos. La abogada Marisel Banegas, defensora de Carlos Córdoba, planteó que no existió coautoría en los hechos denunciados, que las pruebas incorporadas no resultaron suficientes y que tampoco se configuró el delito de administración fraudulenta.

Por su parte, el defensor oficial José María Fernández López, representante de Miguel Arana, sostuvo que la conducta atribuida a su defendido no constituye un delito penal. Incluso la calificó como una conducta “inmoral”, pero negó que hubiera existido engaño hacia los denunciantes o administración fraudulenta. De manera subsidiaria, pidió que, en caso de condena, se aplique la pena mínima prevista por la ley.

En el caso de Moscoso Panozo, su abogado Rodrigo Guidi coincidió con el pedido de absolución formulado por la Fiscalía, aunque cuestionó que se fundara en el beneficio de la duda. El defensor remarcó que no existen elementos que acrediten la participación de su cliente ni un acuerdo con los otros imputados para incorporar bienes de origen ilícito.

Con los alegatos ya concluidos, la causa quedó en la antesala de la definición judicial. Hoy, luego de escuchar las últimas palabras de los acusados, el Tribunal resolverá si condena o absuelve a los tres hombres imputados en una investigación que involucra denuncias por el acceso irregular a viviendas sociales en Ushuaia. Fuente: Info 3 Noticias