En un tenso pulso con el presidente Javier Milei, la comunidad universitaria argentina se movilizó el martes en distintos puntos del país exigiendo la aplicación de una ley resistida por el gobierno que asegura fondos para el funcionamiento de las casas de estudio públicas y actualiza los salarios de los docentes.
Buenos Aires fue el epicentro de la cuarta marcha federal desde 2024 en defensa de la universidad pública, que según sus referentes sufre un deterioro “dramático” por la reducción de fondos aplicada por el gobierno en el marco de su política de ajuste que busca garantizar el superávit fiscal.
“La situación presupuestaria es crítica, el recorte ocurre a en todas las dimensiones de asuntos universitarios”, señaló Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), ante una multitud, en su mayoría docentes y estudiantes, reunida en la histórica Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno. También respondieron a la convocatoria sindicatos y organizaciones sociales opositoras.
El dirigente universitario, que leyó un documento consensuado con los rectores y docentes, detalló que las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, «una reducción inédita de recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”.
Los manifestantes exigen que el gobierno aplique la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2024 y avalada posteriormente por la justicia que contempla la actualización de los salarios y las partidas presupuestarias para las facultades según la inflación. Milei se ha resistido a hacerlo argumentando que la norma no especifica de dónde saldrán los fondos para ello.
La multitudinarias protestas en grandes centros urbanos del país tuvo lugar en momentos en que empieza a evidenciarse un descontento mayoritario de la población a las políticas de ajuste del mandatario ultraliberal, agravado por casos de corrupción que salpican a su gobierno.
“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será un solo sueño”, advirtió Carvalho. “Presidente, salga y tome nota. Es muy jodido (negativo) meterse con los sueños de la gente”.
El reclamo atraviesa a diferentes sectores sociales y segmentos etarios ya que la universidad pública y gratuita —especialmente la de Buenos Aires (UBA)— ha sido considerada durante generaciones como un instrumento de movilidad social para nacionales y extranjeros que se forman en sus aulas.
“Se nota mucho las ganas que tiene este gobierno de desfinanciar a la educación pública”, comentó a AP Sol Muñíz, de 24 años, quien está cursando el ingreso a la carrera de Derecho en la UBA y concurrió a las tres marchas anteriores. “La universidad para nosotros es un orgullo, es lo mejor que tenemos. Es un derecho y se nota mucho la intención de dejarnos sin futuro”.
Conflicto enquistado
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, lamentó el martes la creciente fuga de docentes al sector privado por la pérdida de alrededor de 40% del poder adquisitivo de sus salarios en un contexto en el que la inflación ha repuntado. Esa casa de estudios es una de las más prestigiosas de Latinoamérica y la de mayor matrícula de estudiantes del país sudamericano.
Gelpi dijo a medios de prensa que la Facultad de Ciencias Exactas ha perdido aproximadamente 440 docentes investigadores y la Facultad de Ingeniería al menos 140.
El rector señaló que eso junto a que los gastos de funcionamiento “se pagan a mes vencido y sin actualización por inflación… está afectando la educación superior e hipotecando el futuro del país”.
El Ejecutivo sostiene que está en riesgo la estabilidad macroeconómica y ha calificado la protesta de acto opositor.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que el Ejecutivo ha dado «un montón de aumentos el año pasado y los damos autónomamente porque los sindicatos (de docentes) no firman ninguno que no sea exactamente el que ellos piden”.
El funcionario afirmó que por primera vez las universidades “tienen los fondos depositados en tiempo y forma” para gastos de funcionamiento cuando antes de la llegada de Milei al poder a fines de 2023 “los tenían cuatro meses tarde y nadie se quejaba”.
La ley fue aprobada en septiembre de 2024 y vetada después por el gobierno. Fue ratificada por el Poder Legislativo en 2025, aunque el gobierno suspendió su aplicación mediante un decreto.
El conflicto llegó a los estrados judiciales. En su último capítulo, la Corte Suprema deberá expedirse tras el fallo de una cámara de segunda instancia de este mes que suspendió una medida cautelar favorable al reclamo de universidades, lo que habilitó al gobierno a seguir evitando la aplicación de la norma.
En el cierre del acto en Buenos Aires, los universitarios le exigieron a la Corte Suprema que «nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley”.
