Los casos fueron atribuidos a la “guerra sucia”, vinculada a desaparición forzada desde el Estado entre los años 1950 y 1990, y la ola iniciada en 2006 con la guerra contra el narco.
El gobierno de México confirmó este viernes que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, además de los avances derivados de la revisión y depuración del sistema. En la habitual conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el delito fue atribuido a dos etapas: la desaparición forzada desde el Estado entre 1950 y 1990 y la guerra contra el narco en 2006.
“De 2006 a la fecha hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas”, precisó durante la conferencia de prensa presidencial Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La funcionaria detalló que de 1952 a 2026 se tiene un registro de 394.645 personas desaparecidas, de las cuales 262.111 fueron localizadas, es decir, el 66 por ciento, y de ellas el 92 por ciento fueron encontradas con vida.
Figueroa explicó que los registros desde 2006 suman 130.178 casos, divididos en tres grupos según la información disponible. El primer grupo, dijo, “corresponde a 46.742, el 36 por ciento del total que no tienen datos completos”, lo que dificulta su búsqueda. El segundo son 40.308 casos (31 por ciento) con datos suficientes y “actividades posteriores a la fecha de su desaparición”, incluyendo matrimonios, trámites civiles y registros en el Instituto Nacional Electoral (INE).
De 2006 a la fecha hay 130,178 registros de personas que continúan en calidad de desaparecidas, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. pic.twitter.com/ZrjlNtsAH3
— NMás (@nmas) March 27, 2026
El tercer grupo incluye “43.128 casos, el 33 por ciento del total”, con datos completos pero sin actividad reciente identificada. En este último grupo, sólo 3.869 cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26 mil son simples reportes sin indagatoria formal. Por otra parte, Figueroa detalló que de octubre de 2024 hasta marzo de 2026 se localizaron 31.946 personas con reporte de desaparición.
”Guerra sucia» y ″guerra contra el narco»
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, subrayó que este delito tiene dos etapas históricas: la “guerra sucia”, vinculada a desaparición forzada desde el Estado entre los años 1950 y 1990, y la ola iniciada en 2006 con la “irresponsable guerra contra el narco”. El funcionario destacó que, en 2025, tras hallazgos en el Rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento forzado, se ordenó fortalecer las capacidades de búsqueda y reformar las leyes en coordinación con colectivos de derechos humanos.
En julio de ese año se publicaron reformas que establecen la alerta nacional de búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte y la creación de herramientas como la plataforma única de identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. En tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que al recibirse un reporte “se establece una alerta con todos los datos de la persona, que es distribuida de forma masiva e instantánea” a más de 500 instituciones.
Rodríguez enfatizó que “es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación” y detalló la creación de unidades especializadas, la base nacional de carpetas y la plataforma única de identidad. El gobierno federal señaló que las nuevas reformas legales obligan a contar con datos mínimos de identidad desde el primer reporte, así como la apertura inmediata de carpetas de investigación, con el objetivo de dar mayor certeza a las familias.
“Han intentado minimizar la magnitud de la desaparición”
Las organizaciones que acompañan a las familias buscadoras señalaron este viernes que el gobierno minimiza la crisis de desaparecidos al reducirla a carpetas ministeriales e invisibiliza a las víctimas. En un comunicado, las organizaciones encabezadas por Fundar recordaron que desde el inicio de la crisis de violencia en México en 2007, “diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México”.
Las organizaciones cuestionaron el contenido de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, al señalar que “reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”. Tras ello, las organizaciones manifestaron su preocupación al señalar que la narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las Fiscalías estarán “obligadas” a abrir carpetas de investigación por desaparición, algo que existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017.
“Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”, señalaron las organizaciones y recordaron que lo que existe son malas prácticas, corrupción y omisión sistemática de las Fiscalías “que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar”. También se mostraron preocupados de que el discurso oficial sostenga que “en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”.
En sus redes sociales, la organización Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a continuar haciendo esfuerzos por erradicar la crisis de desapariciones que vive el país, “particularmente llama la atención la revisión integral que se hará al registro de desaparecidos con metodologías científicas y análisis de datos”. “Nosotros estamos reportando lo que encontramos, con total transparencia”, defendió Sheinbaum esta semana, al destacar precisamente el trabajo conjunto con los colectivos de personas desaparecidas.
