Años de incertidumbre, investigaciones inconclusas y familias sin respuestas marcan una serie de desapariciones y crímenes en Tierra del Fuego que, en el Día de la Memoria, vuelven a interpelar a la Justicia.
En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el ejercicio de recordar no solo interpela al pasado, sino también al presente. En Tierra del Fuego, una serie de desapariciones y crímenes sin resolver mantienen vigente el reclamo de verdad y justicia, con familias que aún esperan respuestas frente a causas que, en muchos casos, permanecen estancadas o rodeadas de dudas.
En Ushuaia, el asesinato de María de los Ángeles Cañete Vega en 1998 continúa impune. La mujer fue atacada mientras trabajaba como taxista en la ciudad. Los sospechosos fueron liberados por falta de pruebas, y la causa terminó cerrándose, generando denuncias por negligencia, falta de recursos y fallas en la investigación.
Su hija, Cristina Cerda Cañete, ha reclamado por casi tres décadas justicia y esclarecimiento, denunciando que los responsables quedaron en libertad y que los medios del Estado no fueron suficientes para avanzar en la investigación. Además, este caso se enmarca en un contexto de impunidad que afecta a muchos crímenes de mujeres en Ushuaia, recordando la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad y justicia en la provincia.
Por su parte, la muerte de Oscar Vouillez en 2004 sigue rodeada de sospechas e irregularidades. Desapareció un mes antes de ser encontrado sin vida, y su familia denunció la negativa inicial de la policía a tomar la denuncia, así como inconsistencias en las pericias forenses. La primera autopsia indicó muerte por hipotermia, pero se hallaron lesiones y mutilaciones en el cuerpo que no coincidían con esa causa.
La familia solicitó una segunda autopsia que confirmó que no había evidencia concluyente sobre la causa de muerte, dejando un fuerte sentimiento de desconfianza y frustración hacia el sistema judicial y policial. La historia de Oscar se ha convertido en un símbolo de las respuestas insuficientes de las autoridades frente a desapariciones y muertes no esclarecidas.
El caso emblemático de Sofía Herrera, desaparecida en 2008 con apenas 3 años, sigue siendo uno de los más dolorosos del país. Su desaparición ocurrió en un camping de Río Grande, y tras 17 años, la búsqueda continúa activa, impulsada principalmente por su madre, María Elena Delgado. La familia ha denunciado la lentitud y limitaciones del sistema judicial y policial, al tiempo que la comunidad se involucra en campañas de difusión y búsqueda.
María Elena expresa que cada año de espera es un recordatorio de angustia y desesperación, y mantiene viva la esperanza de un reencuentro que recupere el tiempo perdido. “Que el olvido no gane”, sostiene, subrayando la resistencia constante de quienes buscan justicia y respuestas.
La historia de Ezequiel Huirimilla, desaparecido en 2010 con 18 años, refleja la indiferencia del sistema judicial frente a las desapariciones. Su familia denunció que la causa fue archivada y que hubo poca preocupación de los juzgados y la fiscalía. Fabián Huirimilla, hermano del joven, declaró: “No sabemos nada, todo quedó en la nada misma”, señalando un abandono sistemático por parte de las autoridades. Hasta hoy, la familia no ha recibido explicaciones claras sobre lo que ocurrió, y la impunidad del caso evidencia la falta de protocolos efectivos para la búsqueda y protección de personas desaparecidas.
También persiste la incertidumbre en el caso de Oscar Andersen, desaparecido en 2020 tras caer al río Bueno, cerca de Cabo San Pablo. A pesar de intensos rastrillajes que incluyeron helicópteros, buzos tácticos y patrullas terrestres, solo se hallaron su caballo ahogado y algunas pertenencias, sin pistas sobre su destino.
Andersen, jinete profesional conocido en Tolhuin como “el flaco”, tenía experiencia en cruzar ríos y terrenos difíciles, lo que hace que su desaparición sea aún más enigmática y preocupante. La familia denuncia que los rastrillajes fueron intermitentes y no se aprovecharon todos los recursos posibles, dejando un vacío de información que mantiene viva la angustia.
Uno de los casos más reciente y conmocionante es el de Alejandro Buchieri, desaparecido el 5 de enero de 2022 en Cabo Domingo. El docente y artista plástico ingresó al mar en un bote inflable durante una jornada de fuertes vientos y oleaje, siendo arrastrado mar adentro. A pesar de un amplio operativo de búsqueda por aire, mar y tierra, nunca se hallaron rastros del joven ni de la embarcación. La causa judicial quedó en reserva, y la comunidad sigue recordando el caso como símbolo de dolor e incertidumbre, mientras la familia reclama respuestas y justicia ante la falta de resultados concretos.
El caso de Elio Torres, abogado desaparecido en 2023 durante una travesía en la Península Mitre también expone graves interrogantes. Torres salió a completar una ruta de trekking en condiciones extremas, y aunque contaba con un dispositivo satelital para reportar su ubicación, el último mensaje fue recibido el 19 de julio y nunca más se tuvo contacto con él. Los rastrillajes realizados, incluso con especialistas de otras provincias, no dieron resultados concluyentes.
La familia critica la falta de autorización para análisis de ADN sobre elementos hallados, lo que podría haber arrojado pistas. La desaparición de Torres pone de manifiesto las dificultades en la coordinación de búsqueda y rescate en zonas remotas de Tierra del Fuego.
Otro caso que mantiene en vilo a la comunidad es el de María Elsa Contreras Navarro, de 69 años, desaparecida en febrero de 2024 mientras marisqueaba en Punta María, cerca de Río Grande. Sus pertenencias quedaron en el vehículo y solo se hallaron indicios aislados, como un guante rosa, sin que existan hipótesis firmes ni imputados.
La familia sigue reclamando respuestas, mientras los investigadores no han logrado determinar si hubo accidente, negligencia o violencia. Este caso resalta las limitaciones del sistema judicial y policial para abordar desapariciones en zonas costeras remotas.
En este escenario, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia se resignifica, no solo como recuerdo del pasado, sino también como un llamado urgente a resolver las deudas del presente. Cada uno de estos casos representa una historia inconclusa, donde la falta de respuestas mantiene vigente el reclamo de justicia en Tierra del Fuego y evidencia la necesidad de mejorar la prevención, búsqueda y esclarecimiento de desapariciones y crímenes.
