Más de 130.000 millones de dólares (111.000 millones de euros) en aranceles, y según algunos cálculos hasta 175.000 millones de dólares (150.000 millones de euros), podrían estar ahora en juego después de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidiera acelerar el análisis de los reembolsos tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo contra las medidas comerciales del presidente Donald Trump.
En una escueta orden de una página emitida el lunes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington devolvió de inmediato el caso al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT, por sus siglas en inglés), al rechazar la petición del Departamento de Justicia de aplazarlo hasta cuatro meses para dar tiempo a la Administración a estudiar sus opciones.
La decisión del Tribunal Supremo del 20 de febrero, adoptada por seis votos a tres, concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no concede al presidente la autoridad para imponer aranceles, lo que anuló los amplios gravámenes introducidos en 2025.
Esas medidas incluían un arancel básico «recíproco» del 10% sobre los bienes procedentes de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, junto con tipos más elevados vinculados a los déficits comerciales percibidos e impuestos selectivos como el 25% a ciertas importaciones de Canadá y México y el 10% a las de China.
Los aranceles recíprocos amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) se suprimieron poco después, y la recaudación se interrumpió a partir del 24 de febrero.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no ofreció orientación sobre las reparaciones, y dejó en manos del CIT la mecánica de unos reembolsos potencialmente masivos, incluida la cuestión de si deben devengarse intereses.
La sentencia ha desatado una oleada de litigios sin precedentes. En el momento de redactar esta información, en torno a 2.000 importadores ya habían presentado demandas ante el CIT para reclamar devoluciones, impulsados en gran medida por acciones ‘tag-along’ (cláusulas de derecho de acompañamiento) que trasladan solicitudes pendientes entre tribunales para salvaguardar derechos y evitar que venzan los plazos legales.
Según las normas aduaneras estadounidenses, los importadores disponen habitualmente de 180 días tras la liquidación de las partidas para impugnar los aranceles abonados. La impugnación original fue planteada por pequeñas empresas, en particular la compañía de juguetes educativos Learning Resources.
Un grupo de pequeños importadores instó al Circuito Federal a agilizar el procedimiento para que el alivio pudiera llegar cuanto antes. Desde entonces se han sumado grandes compañías, con demandas presentadas por FedEx, Revlon, Costco, Reebok y otras, junto a centenares de firmas más pequeñas.
Los abogados describen una actividad frenética mientras las empresas se apuran para preservar sus reclamaciones, con muchas partidas ya liquidadas, lo que añade nuevas capas de complejidad.
El CIT debe establecer ahora un sistema de gestión de casos para lo que podría convertirse en la mayor operación de devolución de aranceles de la historia de Estados Unidos.
La Administración estadounidense había indicado anteriormente que concedería reembolsos si los aranceles eran anulados, pero el presidente Trump ha advertido de que el proceso podría implicar años de pleitos, potencialmente hasta cinco.
Los retrasos impondrían importantes costes en intereses al Tesoro estadounidense, aunque el calendario preciso sigue siendo incierto. Para las empresas afectadas, unas reclamaciones exitosas ofrecerían un respiro de liquidez tras unos gravámenes que muchas no pudieron repercutir por completo en sus clientes.
Sin embargo, se prevé que los procedimientos sean largos y conflictivos, y que exijan coordinación en todo, desde la documentación hasta la distribución de los fondos.
Para la Unión Europea, la decisión del Tribunal Supremo estadounidense y la posterior orden del tribunal de apelación aportan beneficios indirectos pero ninguna compensación económica automática.
Los productos de la UE estuvieron sujetos a los aranceles recíprocos de la IEEPA, ahora anulados, lo que encareció las compras de maquinaria, productos químicos, vehículos, artículos de lujo y otros bienes europeos por parte de los clientes estadounidenses.
Con esas medidas invalidadas, los exportadores europeos se liberan de inmediato de esa carga concreta. Sin embargo, y este es un punto clave, las devoluciones irán exclusivamente a los importadores estadounidenses que pagaron los aranceles, no a las empresas, gobiernos o proveedores de la UE.
Las empresas europeas que asumieron costes o perdieron ventas durante el periodo de aplicación de los aranceles no tienen un derecho legal directo sobre los reembolsos del Tesoro estadounidense. Cualquier ventaja posterior dependerá de que los importadores estadounidenses decidan trasladar esos ahorros mediante precios más bajos o mejores condiciones comerciales.
En términos generales, la UE ha respondido hasta ahora con cautela, aunque de forma positiva. Los portavoces de la Comisión Europea han calificado la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de oportuna reafirmación del sistema de contrapesos institucionales y del Estado de derecho, al tiempo que subrayan la necesidad de claridad y estabilidad en el comercio transatlántico.
El servicio de estudios del Parlamento Europeo ha señalado el silencio del fallo sobre las devoluciones, a la vez que destaca su alcance más amplio. Sin embargo, persisten nuevos desafíos.
Pocas horas después de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, la Administración impuso un nuevo arancel del 10% a los bienes de todos los países al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y apuntó a una posible subida al 15% durante un periodo de 150 días.
Algunos sectores, entre ellos los productos de aviación civil, quedaron exentos. La UE ha paralizado la ratificación de un marco recientemente negociado para un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos ante este escenario cambiante, y se multiplican las peticiones de renegociar y aclarar determinados puntos.
Los socios comerciales europeos siguen de cerca cómo los procedimientos de devolución en el CIT podrían influir en la demanda de importaciones en Estados Unidos y si las nuevas facultades arancelarias desencadenan más disputas.
Aunque la anulación de las medidas basadas en la IEEPA ofrece cierto respiro, el panorama general sigue siendo de gran volatilidad. No existe ningún mecanismo para que las entidades de la UE reciban devoluciones directas, lo que obliga a los exportadores europeos a capear la incertidumbre política persistente mediante la diplomacia y la adaptación.
