El Gobierno del presidente Javier Milei solicitó este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cese la medida que mantiene a la dirigente social Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que cumpla de manera efectiva su condena en una cárcel común.
Mientas tanto, desde 2023 la activista jujeña reside en la ciudad de La Plata, luego de que la Justicia de Jujuy aprobara su traslado para que recibir atención médica especializada debido a una trombosis que le provocó edema generalizado y obstrucción venosa.
En los últimos días de diciembre pasado el equipo médico que asiste a Sala encabezado por Jorge Rachid informó que había sido internada en el Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Gonnet, en La Plata, tras sufrir una descompensación. El episodio generó polémica ya que al no ser debidamente notificado, se conoció por el aviso de la tobillera electrónica.
CÁRCEL SIN PRIVILEGIOS, PIDE EL GOBIERNO
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación informó que reiteró ante la CIDH el pedido de que revise su decisión de que la exdiputada kirchnerista de la provincia de Jujuy cumpla la pena de 15 años de prisión en la modalidad domiciliaria.
El organismo nacional consideró que Sala «debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes».
«Esta medida de la CIDH se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme», aseguró el Gobierno central y recordó que la líder de la Organización Barrial «Túpac Amaru» fue condenada «por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas».
