El gobierno de Javier Milei ya no dispondrá de más escusas legales para repartir los alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo y que la ministra Sandra Pettovello se negó a distribuir a los comedores populares. La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación del Gobierno por “inadmisible” –fundamentado en el artículo 280 del Código Procesal Civil– y dejó en firme el fallo judicial que había ordenado al ministerio a elaborar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.
Luego de casi dos años de recursos judiciales a los que el gobierno ultraderechista recurrió para no repartir los alimentos en medio de las crisis económica y social que desató su política de motosierra en el Estado, ahora tendrá que distribuirlos.
La causa comenzó en febrero de 2024, cuando los propios sectores damnificados denunciaron públicamente que el ministerio tenía almacenados más de 5000 toneladas de alimentos –6000 en Villa Martelli (Buenos Aires) y más de 2000 en Tafí Viejo (Tucumán) según la posterior investigación judicial—y el dirigente social Juan Grabois realizó la denuncia penal contra Pettovello para que se cumpla con la entrega de los alimentos en comedores de todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
La fiscal Paloma Ochoa había reclamado medidas y pidió que los alimentos fueran distribuidos en comedores oficiales. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que el destino de los productos era facultad del Ejecutivo, pero ordenó elaborar un plan de distribución acorde a tipo, cantidad, vencimiento y población destinataria, y solicitó un detalle del stock en 72 horas.
Pettovello decidió igual no repartirlos y a través de Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, insistió en la vía legal con una apelación a la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y remarcaron que el Ministerio pudo pedir una prórroga, pero optó por cuestionar la “intromisión” judicial a través de nuevos recursos.
En medio del escándalo, Pettovello tuvo que reconocer –tras la inspección judicial– que entre los alimentos había 339.867 kg de leche en polvo (que rinden 2.718.936 litros de leche líquida) a punto de vencerse. A la ministra no le quedó otra alternativa que distribuirla, aunque los hizo a través de la cuestionada Fundación CONIN, cercana al Gobierno y con escaso asentamiento territorial, lo que produjo un reparto desigual que ni siquiera llegó a muchas de las provincias más pobladas del país.
