La ONU acusó al gobierno de los Estados Unidos de violar el derecho internacional con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, los cuales Washington vincula con el tráfico de drogas. Por ende, la denuncia fue presentada por representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quienes señalaron que dichas operaciones se realizaron sin autorización de los Estados afectados ni respaldo de resoluciones multilaterales.
«Estos ataques y su creciente coste humano son inaceptables. Estados Unidos debe ponerle fin», exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, tras recordar que más de sesenta personas han muerto en esas agresiones perpetradas por las fuerzas armadas del país estadounidense, por lo cual Turk subrayó que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante estas violaciones del derecho internacional.
La ONU acusó a Estados Unidos de violar el derecho a la vida
Cabe mencionar que Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo y que, desde su punto de vista, lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario aplicable únicamente en contextos de conflictos armados. Según esta interpretación, las acciones militares se enmarcan dentro de una estrategia legítima de seguridad nacional.
Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades claras; por ello sostiene que las acciones de los Estados Unidos no pueden ampararse en el derecho internacional humanitario, sino que deben regirse por las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
En este sentido, las acciones militares estadounidenses representan una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales, explicó el portavoz Ravina Shamdasani. Añadió que, al no tratarse de un conflicto armado reconocido por la comunidad internacional, el uso letal de la fuerza por parte de Estados Unidos no puede justificarse bajo el derecho internacional humanitario.
Estados Unidos suma más de 10 bombardeos en aguas internacionales
Los Estados Unidos han reivindicado un total de 15 ataques en las costas del mar Caribe y el océano Pacífico en las últimas semanas que, según sus propios informes, han dejado 61 muertos, por lo cual Washington justifica que los bombardeos forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo y defiende que, desde su punto de vista, lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas; por ello defiende que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos que establecen límites estrictos al uso de la fuerza y exigen que toda privación de la vida sea legal, necesaria y proporcional.
No obstante, el organismo de derechos humanos también aclaró que lo que corresponde en la lucha contra el tráfico de drogas es utilizar métodos policiales como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de los sospechosos. Estas acciones deben llevarse a cabo respetando plenamente las garantías procesales, el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La ONU exige una investigación exhaustiva
Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades de los Estados Unidos, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional. Es por ello que los altos funcionarios que conforman la ONU piden al gobierno que presente las pruebas que avalan su intervención.
Por lo tanto, la ONU reclamó que las muertes en el mar Caribe y el Pacífico deben ser investigadas de forma rápida, independiente y transparente, y aclaró que deben hacerlo en las instancias jurisdiccionales de Estados Unidos, con fines de acelerar dichos procesos ante la delicada situación que representa la muerte de una o varias personas en alta mar.
