Las pruebas reunidas en el expediente harían descartar la pista de que el niño fue “sustraído” con alguna finalidad como la explotación sexual o la “venta” a otra familia

Hace dos meses, el 13 de junio a las 13.52, después de haber almorzado en la casa de su abuela paterna en el paraje Algarrobal, en la zona rural de Nueve de Julio, Corrientes, Loan Danilo Peña desapareció. Nunca más se supo nada de él. Su búsqueda conmueve al país. Aunque se investiga como un caso de trata de personas, las pruebas reunidas en el expediente harían descartar la pista de que el niño fue “sustraído” con alguna finalidad como la explotación sexual o la entrega a otra familia a cambio de dinero. Las dos hipótesis más firmes que analizan detectives judiciales y familiares es que el chico, por un accidente o en medio de un ataque sexual, murió y su cuerpo fue ocultado o descartado antes de que se comenzara su búsqueda.

Así lo plantearon a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente. Existe una tercera hipótesis que un investigador no quiere descartar: una disputa familiar por dinero y por el campo de cinco hectáreas de Catalina Peña, la abuela paterna de Loan, terreno donde el niño fue visto por última vez antes de su desaparición.

Lo que sí descartaron los detectives policiales y judiciales consultados es que “la desaparición de Loan haya sido planificada y premeditada”. Aventuran que fue una situación imprevista cuyo origen todavía no pudo ser esclarecido. Hasta el momento no ha surgido ninguna pista del análisis de la información recuperada de los teléfonos celulares de las siete personas detenidas en esta causa.

El expediente, por el momento, tramita en el fuero federal y está a cargo de la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo; el Ministerio Público está representado por el fiscal Mariano de Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Estos funcionarios judiciales cuentan con la colaboración permanente de detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa tiene siete detenidos: Laudelina Peña, tía paterna de Loan; su pareja, Bernardino Antonio Benítez; Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y su mujer, Mónica del Carmen Millapi; el capitán de navío retirado de la Armada Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria de Nueve de Julio María Victoria Caillava, y el comisario de la Policía de Corrientes Walter Maciel, que estaba a cargo de la seccional del pueblo y encabezó los primeros procedimientos tras la desaparición del chico.

“Estamos cerca de descartar que Loan haya sido víctima de una red de trata y que haya sido sustraído para ser vendido a alguna familia para una adopción ilegal. Las pruebas reunidas hasta el momento nos hacen pensar que sucedió algo imprevisto cuando el niño y otros cinco chicos fueron al naranjal supuestamente a recolectar frutas en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi”, afirmó a LA NACION un detective que participa de la investigación.

El “imprevisto”, según esa calificada fuente consultada, sería un ataque sexual que terminó de la peor manera o un accidente mortal. En ese sentido, la mirada de los investigadores se fija en Benítez, Ramírez y Millapi –los tres adultos que estuvieron con Loan en la “zona cero”, en el naranjal– y en Laudelina Peña, que fue quien “plantó” un botín de su sobrino para desviar la investigación y cimentar la falsa idea de que el niño se había perdido en el monte.

El misterio de los celulares
“De todo el material recuperado de los teléfonos celulares no surge ninguna pista que haga suponer una teoría por fuera de las personas que estuvieron en el naranjal con Loan. Sí estamos con la expectativa de poder reconstruir cómo y cuando fueron borrados mensajes del móvil del capitán de navío Pérez”, sostuvo una fuente con acceso al expediente.

Esa fuente se refiere al curioso hecho de que, cuando el marino retirado ya estaba detenido por su presunta participación en la desaparición de Loan, se eliminaron mensajes de su teléfono celular, que estaba secuestrado por orden de la Justicia provincial y en poder de la policía local.

“Fue borrada una importante cantidad de mensajes del 13 y el 14 de junio pasados y de otros días. La eliminación de los chats sucedió cuando Pérez ya estaba detenido y el teléfono celular estaba bajo custodia de la Policía de Corrientes. No quedan muchas alternativas: el ‘trabajo’ se hizo de manera remota o fue hecho por personal policial que tenía acceso al móvil”, afirmó un detective que interviene en el caso.

Los investigadores creen que si se logra recuperar la totalidad o parte de los mensajes eliminados del teléfono celular de Pérez podría surgir información sobre lo que pasó el día de la desaparición de Loan.

La presunta disputa familiar
Por fuera de esa primera hipótesis, hay un importante investigador del caso que no descarta la hipótesis de una disputa familiar por un tema económico. Sostuvo: “Nos estamos inclinando por un tema dinerario: el campo de la abuela”. Se trata de “un campito de cinco hectáreas”, tal como lo definió la propia Catalina Peña a LA NACION cuando fue por primera vez hasta el naranjal donde desapareció su nieto.

“Tiene forma irregular y limita con tres rutas, las mismas que usan los cuatreros y los narcos de baja estofa”, amplió el investigador que, por ese motivo, interpreta que la “tesis de la venganza o disputa familiar” puede tomar fuerza en el curso de la pesquisa.

Mentiras y manipulaciones
Para los detectives judiciales que participan de la investigación no hay dudas de que hubo una intención de manipular el caso. Y puso como ejemplo la declaración de Laudelina ante la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau, en la que sostuvo que su sobrino había sido muerto después de haber sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca de Pérez.

Después, cuando fue indagada por la jueza federal Pozzer Penzo, la tía de Loan pidió perdón por mentir. “Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado [José Fernández Codazzi] que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija. Fue el 27 a la mañana o 28 a la mañana [de junio]. Aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que ser la declaración y que, si no, igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche, que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos, que teníamos que declarar, y en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a una camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que ‘él iba a arreglar todo’, y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo ser policía y nos dejó ahí hasta las 2. De ahí nos llevó al Juzgado a declarar [en realidad era la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Ministerio Público] provincial, acompañado por los otros dos”, declaró.

Y amplió: “Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. Ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestradas, el domingo a la noche se armó una cascotería [sic] que nos tuvo que sacar la policía. De ahí nos llevaron a la casa de otro señor, me dieron 50.000 pesos que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera, que quise darle a la jueza, pero no pude”.

Aunque no tiene dudas de que hubo una intención de manipular el caso, el investigador consultado por LA NACION aún no pudo determinar con qué intención se hizo. “No sabemos si trató de instalar la hipótesis de que el niño fue atropellado para encubrir gente de la provincia, y por eso querían terminar todo rápido, o si tenían conocimiento de que Laudelina sabía que el niño había sido arrollado por la camioneta y le ofrecieron dinero para que declarara y, así, llevarse los laureles por la resolución de un caso que conmueve al país”, explicó.

LA NACIÓN