La ANDIS, bajo investigación judicial por coimas, firmó un convenio con PAMI para avanzar con las auditorías. Si los beneficiarios no reciben la notificación, las pensiones serán dadas de baja, como viene sucediendo. Formosa, única provincia que logró frenar las bajas con un fallo judicial favorable.
Mientras se profundiza la crisis social y económica, y a contramano de las promesas en off the record de sus funcionarios, el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con las auditorías de las pensiones por discapacidad, diseñadas durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con el confesado y espurio objetivo de recortar al máximo posible la cantidad de beneficiarios.
En medio del escándalo y la investigación judicial por el presunto esquema de coimas que, desde la Andis y a partir de sobreprecios en los medicamentos para personas con discapacidad, llegaba a la Casa Rosada, el Gobierno había dispuesto una suspensión de las auditorías nunca confirmada oficialmente pero sí anunciada internamente entre los trabajadores de la Agencia y promocionada en la prensa hace dos semanas a través de declaraciones extraoficiales. Poco más de dos semanas después de aquella decisión, el panorama volvió a cambiar.
A fines de la semana última, cuando el dólar escalaba al techo de la banda y el Banco Central de Santiago Bausili se colaba en el podio argentino de venta de reservas de la historia reciente, los trabajadores de la Andis recibieron la novedad: «Vamos a seguir dando de baja pensiones», les avisaron. La presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2026 había dado una pauta: en ese texto, el Gobierno prevé que entre este año y el próximo habrá 155.606 pensiones menos (sobre un total de 1.133.549 en la actualidad).
En paralelo, este lunes, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su ejecución, luego de que ambas cámaras del Congreso hayan rechazado el veto presidencial. Por lo que la situación para las personas que perdieron y podrían perder su pensión en lo que va de la gestión libertaria aparece cada vez más compleja, tanto política como judicialmente. Ni el Congreso logra -por ahora- revertir la situación para ellos. En la única provincia adonde por ahora la Andis va a desandar las bajas ya definidas es en Formosa, donde una presentación judicial de la Defensoría del Pueblo respaldada por la provincia logró la orden de restitución de más de 14.500 pensiones que el gobierno nacional debería haber reinstalado hace más de un mes y que recién está empezando a devolver estos días.
