En el edificio ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios viven 350 adultos y más de 100 niños. Están valladas todas las calles aledañas y desplegaron cerca de 500 efectivos.
Unas 600 personas resisten el intento de desalojo en Casa Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios, donde viven 350 adultos y más de 100 niños, en medio de un megaoperativo de la Policía de la Ciudad que cuenta con el vallado de todas las calles aledañas y el despliegue de cientos de efectivos.
«Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado», dijo a Télam Iliana Llanos, quien vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
Fuentes de la fuerza de seguridad porteña aseguraron que trabajan cerca de 500 efectivos.
«No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto?. ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?», agregó Llanos.
Desde el lunes por la tarde, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven -algunas- desde 2004 en el edificio ubicado en Santa Cruz 140, un grupo de alrededor de 600 personas resisten al desalojo previsto para este martes.
Afuera del establecimiento acompañan organizaciones y gente de a pie, mientras dentro del edificio de seis pisos se encuentra gran parte de las personas que viven en el lugar.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60.
Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma «escalonada» y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales «ante la complejidad del caso», de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña.
En ella, la cartera advirtió que «la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años» debido a «la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión», mientras sostuvo que «no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan».
El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década de los 90.
El ex complejo fabril de seis pisos, que se encontraba «deshabitado y desarreglado» cuando en 2004 algunas familias decidieron ingresar para tener un lugar donde vivir, hoy cuenta con servicio de agua, luz y cloacas, ya que las y los vecinos le pusieron «plata, el pecho y dedicación», según relataron a esta agencia.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.
