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martes, 21 mayo , 2024

A 50 años del golpe en Chile: de las dificultades para juzgar a los militares a las heridas que aún siguen abiertas

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El gobierno chileno lanzó un plan para investigar las muertes y desapariciones durante la dictadura militar ¿Por qué Chile tardó tanto en investigar la dictadura de Pinochet?

Este 11 de septiembre se cumplen 50 años de la intervención militar que derrocó al gobierno electo de Salvador Allende en Chile para instaurar una dictadura militares, motivadas por un estridente anticomunismo y la “Doctrina de Seguridad Nacional” que dio como resultado cruentas persecuciones ideológicas, desapariciones, torturas y robo de niños.

En Chile, los datos oficiales dan cuenta de 3216 personas muertas o desaparecidas y otras 38.254 apresadas por razones políticas y/o torturadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, que empezó en 1973 y se extendió inclusive hasta 1990, cuando asumió el primer presidente elegido democráticamente desde Salvador Allende.

En conmemoración a este hecho, el presidente Gabriel Boric lanzó un Plan de Búsqueda de Desaparecidos, siendo ésta la primera vez que un gobierno nacional en Chile trabajará activamente con las organizaciones de derechos humanos en la reparación histórica a las víctimas de la dictadura.

Siendo esta dictadura anterior al proceso militar argentino, cabe preguntarse por qué Chile debió esperar 50 años a que un presidente que nació apenas cuatro años antes de su inicio pudiera avanzar en políticas que Argentina impulsó apenas regresó la democracia.

Período de “transición”
La manera en que ambos países transicionaron hacia la democracia dice mucho sobre las posibilidades que tuvieron uno y otro para avanzar sobre políticas de reparación y justicia. En el caso de Argentina, la transición fue posible gracias al reclamo popular que en 1983 ya estaba harto de la dictadura.

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El mismo año que una Plaza de Mayo colmada de gente celebraba la recuperación de las Islas Malvinas, otras tres movilizaciones igualmente masivas se realizaron en la misma plaza en contra del gobierno de facto, lo que, sumado a la contundente derrota en la Guerra de Malvinas terminó torciendo el brazo de la Junta Militar y forzando el llamado a elecciones.

Esta forma de recuperación democrática marcó la agenda y allanó el terreno para que el gobierno de Raúl Alfonsín avanzara apenas asumido en medidas como la creación de una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que investigara los crímenes durante la dictadura o el Juicio a la Junta Militar.

POLÍTICAS DE LA MEMORIA DESGLOSADAS POR TIPO Y PRESIDENCIA

Estas medidas tuvieron su resistencia. Los levantamientos armados durante la segunda etapa de los 80 y los acuerdos del gobierno menemistas hicieron desandar muchas de las medidas realizadas durante el comienzo del alfonsinismo, y no fue hasta los gobiernos kirchneristas que se retomó el compromiso por la memoria, la verdad y la justicia.

En el caso de Chile, la transición se dio en 1990 y sólo después de que, dos años antes, el gobierno de facto realizara un plebiscito para que el pueblo chileno decidiera por la continuidad o no de Pinochet en el poder. Tal era la llegada que había logrado la dictadura en la sociedad chilena que un 44% de la población votó afirmativamente a la permanencia del dictador, y aunque el “No” terminó imponiéndose con el 55%, este apoyo delineó un primer límite hacia cualquier política que intentara investigar los crímenes de la dictadura chilena.

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Ley de Amnistía en Chile

La “teoría de los dos demonios” no existió solo en Argentina, sino que fue una herramienta común para justificar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas enamorándose en una supuesta guerra civil.

En Chile, la mayor expresión de esta teoría llevó a la promulgación en 1979 de una “Ley de Amnistía”, que “concede amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978”

La idea de “favorecer a los dos bandos” que tenía ésta ley fue la de condonar las desapariciones, torturas y demás crímenes de los dictadores y a la vez permitir la entrada al país de aquellos chilenos que se encontraban en el exilio por cuestiones ideológicas, habiendo tenido que huír del país para no ser víctimas de éstos mismos crímenes en primer lugar.

El resultado de la ley fue que, aún después de 1990, los tribunales se declaran incompetentes ante todo intento civil de investigar crímenes durante la dictadura, poniendo una importante traba a cualquier intento de reparación y justicia.

Este decreto es uno de los más defendidos por actores vinculados a la dictadura chilena en cada instancia de “transición” o consenso con los gobiernos democráticos. Organizaciones de Derechos Humanos estiman que la misma ha beneficiado entre 500 y 1000 efectivos culpables por crímenes durante el gobierno de facto.

NEAHOY.COM

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