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jueves, 28 marzo , 2024

El represor Mario «Churrasco» Sandoval fue condenado a 15 años de prisión

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Fue hallado culpable de «privación ilegitima de la libertad, agravada por su condición de funcionario público» en el juicio por el secuestro y la desaparición del estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, durante la última dictadura cívico militar.

El exintegrante de la Policía Federal Mario «Churrasco» Sandoval fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por haber sido encontrado culpable de «privación ilegítima de la libertad, agravada por su condición de funcionario público» en el juicio de lesa humanidad que se le sigue por el secuestro y la desaparición del estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, durante la última dictadura cívico militar.

«De conformidad con lo previsto, el Tribunal resuelve declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad. Resuelve condenar a Mario Alfredo Sandoval a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de prohibición ilegítima de la libertad, agravada por su condición de funcionario público y por la imposición de tormentos en perjuicio de un perseguido político», expuso el Tribunal Federal Número 5 al leer veredicto.

Antes de conocerse la sentencia, Sandoval, reiteró su inocencia y aseguró sentirse «agraviado» en su «honor y buena fe», al expresar sus últimas palabras en el juicio de lesa humanidad que se le sigue por el secuestro y la desaparición del estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, visto con vida por última vez en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la Esma durante la última dictadura cívico militar.

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«Siempre dije la verdad jurídica, actué de buena fe. Repito que lamento y me solidarizo con el dolor de la familia Abriata, pero que no soy ni el comisario ni el inspector que fue a la casa y detuvo a esa persona», afirmó Sandoval ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Número 5, integrado por los jueces Fernando Canero, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, quienes tras escuchar las palabras del expolicía pasaron a cuarto intermedio para dar a conocer luego el veredicto en este proceso oral y público.

El imputado habló por medio de una teleconferencia desde la Unidad Penitenciaria número 34 del complejo carcelario de Ezeiza, desde donde se mostró con guantes y un barbijo que le tapaba parte de su rostro como protección ante el coronavirus.

«Estoy sorprendido sobre cómo he sido agredido por los alegatos de las distintas querellas y por el Ministerio Público Fiscal (MPF). En este juicio se ponen en riesgo mi libertad y mi reputación. En algún momento el Tribunal se transformó en una escena, donde los discursos fueron políticos y no me pude defender. De momentos, sólo me limité a escuchar», argumentó Sandoval.

El expolicía, acusado de haber integrado el grupo de tareas 3.3.2 que operó desde la Esma insistió en que durante las audiencias, el MPF y las querellas recurrieron al «arma política y la reivindicación de los agravios».

El acusado había solicitado por escrito extender sus últimas palabras durante una hora y media, algo que fue rechazado por los magistrados que integran el TOF 5, que le asignaron quince minutos para expresarse.

«Soy completamente ajeno al caso de Abriata y no hay ningún pacto de silencio que tenga que mantener. Pese a eso, el MPF sabiendo que estaba guiado por pistas falsas, y con las erráticas declaraciones de los testigos, construyó sus propias hipótesis. Así se cometieron acciones ilegales. Todo hecho probatorio lo llenó con culpabilidad», consideró el detenido.

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Sandoval también deploró haber sido tratado de «cobarde, genocida, y verdugo durante los alegatos de la acusación, al considerar que se tratan de «palabras muy fuertes».

«Se debe comprender que en Argentina no vivimos un genocidio. Cobarde sería atacar a una persona en situación de vulnerabilidad. Fui tratado como ´el enmascarado por el barbijo´, calificativo que indica que trato de ocultar algo vinculado a la ilegalidad pero mis fotos están en todos los medios. Siempre fui una persona pública. Tuve dos veces la covid y debo protegerme de forma permanente en esta unidad», apuntó.

En tanto, frente a las declaraciones del detenido, el presidente del Tribunal solicitó en dos oportunidades que se hiciera silencio entre los familiares y víctimas que estaban presentes.

«Eso que usted hizo de llamar al silencio dos veces demuestra también la situación en la que me encuentro juzgado», se volvió a victimizar tras la segunda interrupción.

Sandoval calificó además de «inquietante y chocante» el alegato formulado por la Secretaría de Derechos Humanos y dijo «solicitaron que me arrepienta de algo que no hice».

«Esta conducta es inaceptable, además de violar la presunción de inocencia utilizando los recursos del Estado. Contra mis acusadores no tengo rencor ni odio, no los conozco», puntualizó.

Las querellas y la fiscalía solicitaron condenas que van de 20 años a prisión perpetua para Sandoval, en el juicio e esta causa en la cual está acusado del secuestro y la desaparición de Abriata, ocurrida en un operativo realizado el 30 de octubre en 1976.

Adrián Krmpotic, abogado de la querella que siguen en este proceso Patricia Walsh (hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh) y el sobreviviente de la Esma Carlos Lordkipanidse, pidió que a Sandoval «se lo condene como coautor del delito de genocidio».

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El letrado aseguró que «existen varios aspectos respecto a la materialidad de los hechos investigados que han sido acreditados».

En tanto, las otras dos querellas representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron 21 años y 20 años de condena, respectivamente.

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Tras la reanudación de los juicios de lesa humanidad, la familia Abriata pidió en el marco de la instrucción de la Megacausa ESMA la extradición este expolicía de la Federal desde Francia a la Argentina, trámite que se logró en 2019 tras un largo proceso legal.

TÉLAM

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