La Comisión de Fiscalización y Contraloría propone que se formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el mandatario, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible.
El Congreso de Perú aprobó en las últimas horas un informe parlamentario que recomienda una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta corrupción, lo que podría conducir a un nuevo pedido de destitución tras casi 12 meses en el cargo.
En el informe, la Comisión de Fiscalización y Contraloría propone que se «formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible», en un puñado de escándalos del círculo más cercano del mandatario.
El texto fue aprobado por 72 parlamentarios a favor, 40 en contra, y cero abstenciones.
Según el documento, de 360 páginas, Castillo «direccionaba» con un grupo de colaboradores de su entorno inmediato la concesión de contratos de obras públicas, y la aprobación de controvertidos ascensos militares.
La misma comisión del Parlamento unicameral también recomienda que el expediente sea remitido a la Fiscalía de la Nación «a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente», consignó la agencia de noticias AFP.
Los cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos
El Ministerio Público investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia, ya que tiene inmunidad como jefe de Estado. Su mandato concluye en 2026.
En uno de los casos mencionados por la comisión de Fiscalización es conocido como «Puente Tarata III», se busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el mandatario para conceder un contrato de obras públicas.
Los cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos.
Esta misma semana la propia Fiscal de la Nación había anunciado que se investigaría al presidente Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias en los ascensos militares, y lo citó a declarar para el 4 de agosto.
Castillo, que ganó las elecciones frente a Keiko Fujimori en una segunda vuelta muy ajustada, inició su mandato el 28 de julio de 2021.
Estos choques entre el Congreso y el Ejecutivo no son nuevos y llevaron a Perú a tener tres presidentes en cinco días en noviembre de 2020.
Por otro lado, en la misma sesión de la noche del viernes el Congreso de Perú aprobó la reforma constitucional que restablece la bicameralidad, existente hasta 1993, aunque ahora deberá ser ratificada por el pueblo peruano en un referéndum.
Con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones, el proyecto requería la aprobación de al menos dos tercios del número legal de congresistas (87 aprobaciones) para salir adelante sin tener que someterla a escrutinio público.
Sin embargo, el apoyo de 71 votos hace que la reforma deba ser ratificada mediante referendo, según anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en declaraciones recogidas por la emisora RPP.
Fuente: Télam
