Hoy se define la forma de financiación para “pasar el invierno” ante los aumentos de gas. La idea surgió de productoras y distribuidoras a fin de marzo.
El Gobierno buscará el lunes darle forma a un esquema de financiación de las facturas de gas del invierno, que llegarán a costar, en algunos casos, el doble que el año pasado.
Es el analgésico que ofreció la Casa Rosada para descomprimir la tensión política que se vivió esta semana con Elisa Carrió y el radicalismo, socios minoritarios de Cambiemos, que criticaron el cronograma de aumentos tarifarios diseñado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
El ex titular de Shell recibirá a los representantes provinciales que integran el Consejo Federal de Energía. Allí presentará formalmente qué alternativa baraja el Ejecutivo para amortiguar el impacto de las subas.
En los hechos, es una iniciativa en la que distribuidoras y productoras trabajan desde el mes pasado por auspicio del Enargas, el ente regulador del sector. En el organismo existe preocupación por el alcance de una eventual judicialización –a esta altura, más que factible, según admiten entre las empresas– de los aumentos tarifarios.
Según una carta de intención firmada el 27 de marzo, las empresas petroleras están dispuestas a financiar las facturas de gas de los bimestre mayo-junio y julio-agosto, los más fríos del año, en tres cuotas con una tasa de interés simbólica siempre y cuando el Estado garantice que el remanente permanezca dolarizado.
El documento establece que el importe a financiar no podrá a superar el 25% del total de la factura. Pero fuentes de Gobierno admitieron que, a raíz de la escalada de esta semana, esa alícuota podría trepar al 30 o al 35% de cada boleta. Lo que sí está claro es que el diferimiento tendrá un carácter opcional, que correrá por cuenta de cada usuario. Es un pedido de las asociaciones de consumidores.
“Es una discusión política. Se instaló un debate cuando aún no hizo frío en los centros urbanos, las estufas no se prendieron y abril termina en Buenos Aires con temperaturas de 25 grados. Es un sinsentido”, lamentaron en un despacho oficial.
El fantasma que una a privados y al Gobierno es la judicialización de los aumentos, que totalizan un 800% desde diciembre de 2015 hasta la fecha. Las empresas están dispuestas a ceder con tal de evitar un freno en Tribunales. “La discusión por la tasa de interés es menor. Cuando empezamos a negociar, algunas petroleras propusieron que el monto a financiar se actualice a Libor más 2%. Una locura. Lo importante a esta altura es pasar el invierno. Con un 1% simbólico estamos bien”, admitió el presidente de una de las mayores petroleras del país.
En la Casa Rosada quieren cerrar el capítulo legal con empresas distribuidoras y transportistas que aún tienen reclamos pendientes en la Justicia y en el Ciadi por la pesificación de tarifas en 2001. “Esta semana nos reunimos con diputados de todo el arco político para transmitirles ese mensaje. Si pasamos este invierno sin una crisis judicial, nos sacamos una mochila que cargamos hace 17 años”, afirmaron allegados a la Jefatura de Gabinete.
Aun así, por el momento el Gobierno no parece estar dispuesto a ceder demasiado. Planteó la financiación como una alternativa novedosa cuando en realidad se discute desde fines de marzo. Y por ahora no planea reducir la carga impositiva que grava las facturas, que representan casi un 30% del monto total de las boletas. El proyecto de ley redactado por el senador Miguel Angel Pichetto en representación del peronismo no kirchnerista plantea esa posibilidad, pero en Cambiemos advierten que no hay tiempo para avanzar. “Para bajar el IVA, un impuesto coparticipable, habría que negociar con los gobernadores y sacar una ley. Es complicado”, descartó un legislador del PRO.
