Por unanimidad, la Asamblea Constituyente se arrogó las competencias para legislar, dejando inhabilitada a la Asamblea Nacional en manos de la oposición.
La decisión se tomó luego de que la directiva del Parlamento venezolano no acudió hoy a la reunión a la que había sido convocada por la ANC, un órgano que los opositores tildan de ilegítimo y lo ve como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.
La Constituyente decidió así «asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos», según estableció por decreto.
«Le daremos una lección histórica», dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al criticar la decisión del Congreso de no subordinarse al nuevo cuerpo.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional anunció en un comunicado que no comparecería el viernes ante la Constituyente, tal como lo hicieron en los últimos días los representantes de otros poderes, para lograr la ratificación en sus cargos.
«Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la constitución de 1999», indicó el Congreso en un escrito en el que acusó al nuevo cuerpo de actuar como un «poder de facto» y de ser la expresión de la «naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro».
En el comunicado los congresistas opositores hicieron un nuevo llamado a las fuerzas armadas para «defender» a la constitución.
La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores y para la oposición, poco más de tres millones.
Los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, que denunció la supuesta manipulación de los resultados.»No compareceremos ante la mentira constituyente. No estamos obligados a hacerlo», anunció el bloque opositor.
A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al Gobierno, había asumido funciones del Parlamento, lo que provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás en menos de dos días.
Aunque revirtió entonces su decisión, desató una ola de protestas que dejaron más de 130 muertos entre abril y julio.
