El fondo Burford Capital (el demandante) dirá que el reclamo es extemporáneo y una actitud «desesperada» del país. Reclamará que la jueza habilite rápidamente una negociación y acelere los tiempos de pago. El juicio podría costarle al país hasta u$s3.000 millones
El Gobierno se jugará mañana ante Loretta Preska el destino de la causa por la reestatización de YPF en 2012, juicio que podría costarle al país entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. La Argentina insistirá hoy ante la jueza del segundo distrito sur de Nueva York, que la causa se mude a Buenos Aires, cuestionando como principal argumento, la operación de venta en 2008 del 25% del paquete accionario de la petrolera al grupo Petersen en dudas. Los abogados del estudio Skkaden, que representan al país, hablan directamente de la necesidad de investigar en Buenos Aires la posible ilegalidad de la compra, de la existencia de testigos que no pueden salir del país y que deberían declarar (en referencia a Julio de Vido) y de las dudas sobre la operación del préstamo de Repsol YPF por la cual Petersen llegó a la compañía. La Argentina pedirá además que Preska aplique la cláusula Discovery y que obligue a presentar quiénes son todos los accionistas que cobrarían en esta causa.
Como contraparte, el fondo Burford Capital (el demandante), presentará hoy su escrito, donde hablará de la “desesperación” de la Argentina al llevar este argumento al juzgado de Preska, mencionará que el Grupo Petersen ya no era el propietario de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (las empresas que detentaban el 25% de la petrolera), sino que estaban en poder de la Justicia de Madrid y que la operación de compra de YPF nada tiene que ver con el reclamo por la manera de reestatizar YPF y la falta de una oferta similar a la de Repsol para el resto de los accionistas. En consecuencia, Burford planteará a Preska la necesidad de acelerar el proceso y abrir una rueda de negociaciones con la Argentina para tramitar el pago.
Preska escuchará las argumentaciones mañana a las 11:30 horas en su juzgado. Hablará la abogada Maura Barry Grinalds, del estudio Skkaden, en defensa de la Argentina y expondrá los argumentos del escrito presentado ayer, al que tuvo acceso este diario. Luego hablarán los demandantes (Burford y el fondo Eton Capital) y finalmente será el turno de preguntas y repreguntas a los presentes. Finalmente Preska dará por concluida la audiencia pública, y anunciará si su decisión ante el planteo de la Argentina de mudar la causa a Buenos Aires es respondida de inmediato, o si se tomará un tiempo. Lo mismo sucederá ante el pedido de Burford.
Según el analista Sebastián Maril, director de FinGuru, “la jueza podría determinar que se trata ya de cosa juzgada y que se debe ahora cuantificar los daños económicos de los demandantes”. También podría, según Maril, habilitar a la Argentina a que presente nuevas pruebas en su reclamo, vinculados a las dudas por la operación de venta del 25% de las acciones, incluyendo a los supuestos testigos que por su situación procesal no pueden salir del país. En el caso que además habilite el pedido del Discovery, reclamando también argumentos a la Argentina sobre por qué es importante conocer a los que potencialmente cobrarían ante un juicio con fallo adverso.
El escrito redactado en el estudio Skkaden durante el fin de semana incluye, además, como argumentos para que la jueza mude la causa, la política energética del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo la necesidad de Preska de tomar contacto con la Justicia local para conocer la situación procesal de varios exfuncionarios. Menciona también al exministro de Economía, Axel Kicillof, como temporario interventor de la petrolera, y el principal artífice de la reestatización, y sus declaraciones sobre la operación.
En este capítulo se produce una curiosidad: tanto los abogados argentinos como los de Burford y Eton cuestionan la tareas del exministro de Economía en la petrolera y mencionan diversas frases utilizadas por el ahora candidato durante el proceso reestatizador.
El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado del fallecido Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara, que también avaló a Burford. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Fuente: Diario Ámbito Financiero
